August 19, 2020

¿Error o ilegalidad?: Las repercusiones del “error” de la Seremia de Salud de Los Lagos, en la isla de Chiloé

By Edición
Facebooktwitter

El sobreseimiento de un ciudadano en Chiloé, por la Corte de Puerto Montt, luego de haber sido imputado por violar el artículo 318 del código penal, abrió un nuevo capítulo en esta cadena de descuidos por parte de la Intendencia y la Seremi de Salud, en medio de la emergencia sanitaria mundial de COVID-19 en la región.

Entre el 7 y el 23 de abril de 2020, la Resolución Exenta 9028 que decretaba la cuarentena en Chiloé nunca fue publicada en el Diario Oficial. Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al acoger un recurso de amparo de un ciudadano imputado por poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad. Sugerimos leer:  “Restricciones sanitarias de abril en Chiloé fueron ilegales”

Según el Decreto Supremo 104, de 18 de marzo de 2020, que determinó el estado de excepción constitucional de estado de catástrofe, por la propagación del coronavirus, los únicos habilitados para tomar medidas sanitarias son el o la Ministro de Salud y para restringir la libertad de desplazamiento el militar a cargo de cada zona.

Lo anterior define claramente cuáles autoridades pueden limitar el ejercicio del derecho a desplazamiento. Entre esas autoridades no está ningún seremi. Y esto no es un antojo, pues la libertad de las personas, aún en estado de excepción continúa siendo un valor superior en democracia y no pueden ser limitado sino en situaciones excepcionales  sólo por la autoridad facultada para ello y siguiendo los procedimientos que corresponda.

En resumen, de acuerdo a la ley, un Secretario o Secretaria Regional Ministerial no tiene las atribuciones para decretar prohibición de desplazamiento a la ciudadanía, no puede decretar cuarentena. Solamente el presidente de la república, un ministro o una ministra tienen la facultad de firmar este tipo de resoluciones que restringen este derecho consagrado en la Constitución chilena. Entonces estamos ante una situación grave: un acto administrativo que fue dictado por una autoridad sin competencia para hacerlo.

Desde octubre de 2019 hemos vivido en “estado de excepción”, primero por las movilizaciones populares durante el “estallido social” y ahora con ocasión de la pandemia. Es oportuno recordar que entre octubre y noviembre del año pasado, se presentaron ante muchos tribunales del país una serie de recursos de amparo a propósito de la legalidad de los toques de queda declarados y de las atribuciones con que contaba cada autoridad en estas condiciones.

A pesar que las cortes nacionales desecharon esos recursos de amparo, es bueno saber que las autoridades están sujetas al examen de la ciudadanía,. Por eso llama la atención cuando la Seremi Scarlett Molt califica esta situación como un “error” debido a que se acumularon muchas resoluciones que no se pudieron publicar a tiempo. Justamente ese “error” nos obliga a profundizar en la materia, porque sus acciones coartaron el ejercicio de un derecho constitucional fundamental: la libertad de desplazamiento.

La limitación de derechos fundamentales: ¿Quién puede y quién no puede hacerlo?

La pregunta es simple y nos afecta directamente a todos: En un estado de excepción constitucional, ¿Quién tiene atribuciones para restringir las libertades de las personas? ¿Cuál es la importancia de publicar o no las resoluciones, decretos o leyes en el Diario Oficial?

La publicación de cualquier norma en el “Diario Oficial”, tiene por intención darle certezas a todas las personas acerca de cuáles son las obligaciones y derechos que tienen frente otros y frente al estado en virtud de una norma jurídica ya dictada. Para este tipo de casos los únicos actos del estado que son válidos son los publicados en el Diario Oficial. Así lo ordenan los artículos 48 y 49 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Artículo 48. Obligación de publicar. Deberán publicarse en el Diario Oficial los siguientes actos administrativos:

a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general;
b) Los que interesen a un número indeterminado de personas;

Artículo 49. Autenticación. Los actos publicados en el Diario Oficial se tendrán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que se establecieran reglas diferentes sobre la fecha en que haya de entrar en vigencia.

En resumen: el “error” de la Seremi de Salud, sería en realidad una acto ilegal, fuera de toda norma, puesto que la autoridad regional se habría atribuído facultades que la ley no le entrega y, además, incumplió lo que manda la ley al no publicar la resolución en el Diario Oficial. Entonces, si este tipo de actos afectan a los ciudadanos y ciudadanas ¿quién debería responder por esta situación en el Gobierno Regional?

Las reacciones del mundo político

Al momento de cerrar de esta nota, la única reacción conocida desde el mundo político fue el requerimiento del Diputado Gabriel Ascencio (DC), para que la Contraloría Regional inicie una investigación y así determine la responsabilidad administrativa en este caso. El parlamentario, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “Estamos frente a una negligencia brutal: no publicar decreto que ordenaba la cuarentena a visitantes de Chiloé. Entre varias consecuencias, muchas  detenciones son  ilegales. La Contraloría debe identificar a los responsables y ver sanciones. Intendente y Seremi deben responder ”.

Aparte de esa solicitud no conocemos las reacciones del senador Rabindranath Quinteros (PS), de la diputada Jenny Álvarez (PS) ni de su colega Alejandro Bernales, todos representantes de la circunscripción y el distrito correspondientes a Chiloé; los máximos representantes de la oposición han guardado debido silencio. Tampoco se ha manifestado el Intendente Harry Jürgensen ni el Ministerio de Salud a nivel central. Silencios incómodos o negligentes, ante una situación compleja.

Sin embargo, en el territorio han aparecido otras voces, como la del ex Intendente y ex fiscal Leonardo de la Prida (PPD), quien indicó al medio paislobo.cl en el programa “A riesgo de demanda”: “Estamos en una ley penal en blanco, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución… tiene que contar con la publicación en el Diario Oficial”, además “Pedir más rigurosidad a los fiscales para revisar que las normas deben estar debidamente publicadas”. Finalmente indicó la detención fue ilegal, fue ilegal todo el procedimiento hacia adelante”.

Desde el Ministerio Público tampoco se han escuchado declaraciones oficiales con respecto a las consecuencias legales que puedan desencadenar los 15 días que no estuvo publicada la norma en el Diario Oficial, ni siquiera se manejan cifras aproximadas respecto de la cantidad de ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Chiloé que fueron multados, sancionados o procesados por incumplir una resolución que sería ilegal.

La metamorfosis en las respuestas de la Seremi de Salud

Pese a que la seremi Scarlett Molt declaró a radio Bio Bio que fue un “error” no haber publicado la resolución en el Diario Oficial y que el hecho “no se investigará”, en la última conferencia de prensa le planteamos nuestras inquietudes y esta vez señalo que “se harían todas las investigaciones correspondientes por este hecho”.

Sobre la legalidad de los hechos, se limitó a decir que “sólo se ven afectados los ciudadanos con una sanción asociada al código penal con el artículo 318″.

La ley de procedimientos administrativos es clara: una resolución no publicada no produce efectos legales y la Seremi Molt no puede pretender, otra vez, pasar sobre la ley. Frente a esto la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la sentencia del Amparo 207-2020, indicó

Quinto: Que lo razonado no se opone a lo dispuesto por el Decreto Nro 4 del Ministerio de Salud de 5 de febrero de 2020, que declara Alerta Sanitaria para todo el territorio de la República y cuyo artículo 3° otorga a las Secretarías Ministeriales de Salud facultades extraordinarias para disponer el aislamiento de personas infectadas por COVID 19 o bajo sospecha de ser infectadas de forma de procurar la propagación del virus y difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos, pues la publicidad de la medida no importa la falta de publicación del acto administrativo en el Diario Oficial.

Sexto: Que a mayor abundamiento, la propia resolución que se dice infringida ordenó su notificación en forma legal y si bien incluye entre ellos a los medios digitales, dicha aseveración en ningún caso importa no cumplir con la publicación en la forma dispuesta por los artículos 48 y 49 de la Ley 19.880.

Por último, la autoridad regional de salud, dijo que no se referirá a las declaraciones emitidas por el diputado Gabriel Ascencio, señalando “no haberse enterado” de las mismas:

Si se trató de un error o una negligencia administrativa, lo determinará en su momento el organismo contralor, pero el último fallo judicial que sobreseyó a una persona sancionada por no acatar la resolución sanitaria, podría desencadenar un escenario complejo en medio de la pandemia y a meses del plebiscito: una ola de demandas a órganos del estado, que podría costarle cuantiosas sumas de dinero al fisco.

Tampoco existe claridad sobre la posición de los gremios de la salud: la Federación de Profesionales de la Salud (Fenpruss), la Federación Nacional de Trabajadores de la salud (Fenats Histórica o la Fenats Unitaria), ante el brote de COVID-19 que afectó a más de 120 trabajadores del Hospital San José de Osorno. Capítulo aparte es la distancia que ha mantenido el Colegio Médico Regional y sus capítulos provinciales respecto del manejo de la pandemia, en comparación con el rol activo que asumió desde un principio su directiva nacional.

Al parecer los líderes y lideresas de la provincia y la región, por lo menos en el ámbito de la salud y de la política, prefieren ignorar la ilegalidad de este acto de la autoridad y considerarla un simple “error”, aunque eso afecte las libertades de las personas que garantiza la Constitución.

Equipo de prensa – ultimprensa.cl

Facebooktwitter